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Un grupo de juristas noruegos va a presentar una demanda ante la
Fiscalía del Estado de Noruega el 22 de 04 de 2009 en relación con
crímenes sistemáticos cometidos en combate y otros crímenes graves
cometidos en Gaza.
La demanda se basa en los artículos 102 a 109 del Código Penal
noruego, relativos a crímenes de guerra y violaciones graves de los
derechos humanos, con arreglo a las normas internacionales.
La demanda se centra en el ataque israelí contra la Franja de Gaza,
en el período incluido entre los días 27 de diciembre de 2008 y 25
de enero de 2009.
La demanda recoge los cargos siguientes:
1. Homicidio de civiles y comisión de acciones inhumanas causantes
de sufrimientos graves;
2. Destrucción masiva de propiedad pública y privada con objeto de
intimidar a civiles;
3. Ataques deliberados contra hospitales, centros de salud,
ambulancias y otros medios de transporte y equipos médicos, sin
ningún respeto por la legislación internacional que protege a este
personal;
4. Ataque terrorista masivo contra residentes de la Franja de Gaza;
5. Uso ilegal de armamento militar contra zonas de población civil,
y uso contra dicha población de armas prohibidas por el Derecho
Internacional, como por ejemplo el fósforo blanco, las armas
experimentales DIME (Explosivos de metal inerte denso) y las bombas
cegadoras.
La demanda hace responsables de los hechos a los siguientes jefes
políticos y militares:
- Ehud Olmert, primer ministro israelí
- Tzipi Livni, ministra de Asuntos Exteriores israelí
- Ehud Barak, ministro de la Guerra israelí
- Teniente general Gabi Ashkenazi, jefe de Estado Mayor
- General Avi Mizrahi,
comandante en jefe del Ejército de Tierra
- Almirante Aluf Eli Marom, comandante en jefe de la Marina
de Guerra
- General Ido Nehoshtan, comandante en jefe del Ejército
del Aire
- General de división Yoav Galant, jefe del Comando Sur
- Coronel
Ilan Malka,
comandante de la Brigada Givati
- Coronel Avi Peled, comandante de la Brigada Golani.
Los acusados constituyen el mando central sobre el que recae la
responsabilidad máxima por los crímenes de guerra cometidos en la
guerra de Israel contra Gaza.
Los tres primeros fueron miembros de un gabinete reducido conocido
como Gabinete de Seguridad. Por esta razón, no cabe duda de que
conocían, ordenaron, estuvieron de acuerdo o no impidieron lo
sucedido a los residentes de Gaza, y que estuvieron, por lo menos,
al corriente de los resultados de estas destructivas operaciones
sobre la población civil.
Durante la guerra, los acusados ordenaron la continuación de las
operaciones y facilitaron su mantenimiento, sin intervenir en ningún
momento para ponerles fin, aunque tenían plenos poderes para
hacerlo.
Los objetivos designados de la guerra de Israel constituían un
castigo masivo contra la población de Gaza, a fin de que ésta
llevara a cabo un golpe contra el movimiento de Hamás, con lo que
hubieran implicado gravemente a civiles en el conflicto. Éste fue un
objetivo declarado públicamente por los comandantes militares
israelíes antes y durante la guerra.
Esta declaración contó con el respaldo de los líderes políticos,
entre otros Shimon Peres el 14 de enero de 2009.
Los líderes políticos israelíes declararon, sin lugar a dudas y en
manifestaciones públicas, que el objetivo consistía en golpear tan
duramente a los ciudadanos de Gaza que pusieran fin al lanzamiento
de cohetes.
Por consiguiente, las declaraciones de los acusados evidencian que
Israel violó derechos humanos fundamentales en tiempo de guerra, y
que deberían haber tomado en consideración a la población civil no
combatiente y haber hecho una distinción clara entre civiles y
combatientes armados.
Es evidente que Israel abrió fuego contra objetivos militares sin
tomar tener en cuenta la presencia de personal civil, en una grave
violación de las leyes de la guerra y del Derecho Internacional.
Durante el ataque, más de 1.300 palestinos encontraron la muerte, de
los cuales un 90% eran civiles, entre ellos 300 niños y 120 mujeres.
El número de bajas mortales se espera que aumente, en la medida en
que continúa la búsqueda de cadáveres bajo las ruinas, y que el
número de heridos en estado crítico es alto.
Además de las muertes, más de 5.300 palestinos fueron heridos, de
ellos 1.872 niños y 800 mujeres.
Muchos de los heridos se hallan en estado crítico debido al uso de
armas de fósforo blanco y DIME, que fueron utilizadas en zonas de
alta densidad de población. Alrededor de 10.000 palestinos fueron
desplazados a causa de la guerra.
Se infringieron daños precisos, sistemáticos y premeditados a la
población de Gaza, como por ejemplo a viviendas particulares,
edificios del gobierno civil, explotaciones agrícolas, centros
económicos, de salud y culturales, escuelas, parques y
organizaciones de la sociedad civil, además de demoler la
infraestructura de comunicaciones, centrales eléctricas y sistemas
de agua potable y alcantarillado.
Alrededor de 15.550 viviendas, 36 edificios gubernamentales, 268
instalaciones educativas (escuelas, guarderías y edificios
universitarios) y 52 mezquitas fueron parcial o totalmente
destruidos.
El sector agropecuario sufrió una destrucción que afectó
directamente la producción de alimentos destinada a los ciudadanos
de Gaza, y alcanzó aspectos esenciales para la vida de la población
civil, como las tierras de cultivo, los sistemas de regadío y los
almacenes de alimentos colocados bajo bandera de la ONU, que fueron
bombardeados. Se ocasionó la muerte de 35.750 cabezas de ganado y
más de un millón de aves de corral, y un total de 701 empresas
industriales fueron parcial o totalmente destruidas o sufrieron
daños estructurales.
Israel no permitió que ningún lugar de Gaza fuese seguro,
bombardeando brutalmente incluso instalaciones facilitadas por las
Naciones Unidas para los refugiados, con lo que puso a niños y
mujeres en una situación de riesgo humanitario sin precedentes.
La demanda exige la detención de las personas antes citadas en
cuanto entren en el territorio de Noruega, y exige también su
extradición a este país mediante la debida cooperación de la policía
noruega con la de otros países.
La demanda pide también que se les haga llegar el pliego de
acusaciones y que sean traídos ante la justicia para recibir el
castigo que merecen.
El Estado noruego tiene el derecho y la obligación de intervenir en
todo lo relativo a la jurisdicción internacional que recoge el
Código Penal noruego. Se lo permite la jurisdicción de dicho Código
relativa a los derechos humanos, derecho y responsabilidad que le
compete en tanto que Estado signatario del Convenio de Ginebra de
1949, además del Protocolo Adicional de 1977. Ambos se ajustan a las
resoluciones del Estatuto de Roma relativas a la Corte Penal
Internacional de La Haya y al Código Penal noruego.
Durante muchos años, Noruega ha participado decididamente en la
resolución de conflictos y crisis en Oriente Próximo. Ha donado
fondos y ha participado en las fuerzas de paz de la ONU, y
actualmente encabeza el grupo de países donantes cuyas donaciones al
pueblo palestino fueron destruidas en la guerra de Gaza. En nuestra
opinión, Noruega tiene el derecho de celebrar un juicio e investigar
los graves crímenes de guerra perpetrados contra residentes civiles
en Gaza, y hacer lo posible por que los culpables no escapen al
castigo y por la restauración de los derechos tan gravemente
violados.
Firman la demanda algunas de las víctimas de la agresión y también
ciudadanos residentes en Noruega que gozan del derecho de demandar a
los autores de los hechos, al haber sufrido la pérdida de familiares
o propiedad.
Los firmantes demandan el castigo penal de los autores de los hechos
y una compensación con arreglo al Derecho Civil.
Para más información:
noruego:
inglés:
árabe:
francés:
Firmas: Loai Deeb, Pål Hadler, Bent Endresen, Geir Høin, Harald
Stabell og Kjell M. Brygfjeld
Traducción: S. Seguí |
